El drama de los desahucios. Ilustración de Rubén M.Y (http://www.rubenmyblog.blogspot.com)

El drama de los desahucios. Ilustración de Rubén M.Y (http://www.rubenmyblog.blogspot.com)

Estamos acostumbrados a ver a los jueces como individuos que se dedican a juzgar fríamente a las personas con la ley en la mano. Pero detrás de la toga y el mallete, también hay una persona que se preocupa tanto o más que cualquier otra por la crisis, la pobreza, las injusticias y los desahucios. Sobre todo cuando está obligada a aplicar leyes de otro siglo, aunque le parezcan manifiestamente desfasadas, y a condenar a personas a la muerte o a una cadena perpetua financiera al no poder seguir pagando sus hipotecas. Lo cierto es que desde 2008 más de 400.000 familias han estado afectadas por desahucio (algunas ya han perdido su casa y otras están en camino). En este año 2012, cada día se han desahuciado a 500 personas. Ante este drama, ya no sólo se moviliza la sociedad a través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), sino que una parte del poder judicial (jueces, fiscales y abogados) ha dicho basta y ha decidido presionar para que de una vez por todas se cambie la Ley Hipotecaria. En este reportaje hallarás las voces de algunos jueces progresistas que podrían ser perfectamente miembros de la PAH o indignados del 15-M. Vale la pena escuchar sus propuestas. Siéntase más aludido aún si se dedica a la política.

 

Por David Muñoz y Janira Gómez

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. […]”. Artículo 47 de la Constitución española. El primer eslabón, se hunde como un submarino frente a esta problemática. 500 personas son desahuciadas cada día, es decir, forzosamente se están alejando de un derecho que les corresponde como ciudadanos y que en teoría protege el Estado. Pero “tenemos una legislación que no regula de manera adecuada el derecho a la vivienda, puesto que se encuentra en un capítulo que indica que dicho precepto no es de cumplimiento directo”, especifica Joaquim Bosch, el portavoz de Jueces para la Democracia.

Manifestación contra los desahucios y a favor del derecho a la vivienda

Y es que la Ley Hipotecaria actual “permite que se vulnere de forma flagrante ese derecho constitucional, es más, la propia Constitución recoge que la vivienda ha de tener una función social. Debería ser completamente ilegal que existieran viviendas vacías sin ningún uso social, no de forma temporal sino permanente”, crítica el juez de la Audiencia de Barcelona, Santiago Vidal. No obstante, según cifras del último Censo de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (2011), hay una cantidad de 3.091.596 viviendas vacías sin uso.

Obsolescencia legal

En España, el Código Civil es de 1889, la Ley de Enjuiciamiento Criminal es de 1892, el Código de Comercio es de 1885 y la Ley Hipotecaria es de 1909. Y estamos en 2012. Leyes que se mantienen vigentes más de 100 años después de aprobarse (o ligeramente reformadas con la base inicial) con contextos económicos y sociales completamente distintos. Obsolescencia legal. La Ley Hipotecaria es de las más desfasadas: se hizo en 1909 y se reformó ligeramente en 1947, aunque manteniendo casi todo el contenido de la norma anterior. “Se hizo pensando en la propiedad privada, porque a finales del siglo XIX lo importante no eran las personas sino las propiedades”, asegura Raquel Astruy, magistrada del Juzgado de 1a Instancia número 52 de Barcelona. “Hoy la situación es completamente diferente y lo que verdaderamente importa son las personas, no tiene sentido seguir manteniendo una legislación que no responde a la necesidad de recibir información, de comprender ni de proteger a las personas”, sentencia. Y no las protege por dos motivos: “(1) Uno, el deudor no tiene derecho a cuestionar la cantidad que debe a la entidad bancaria y (2) dos, tampoco puede justificar que cuando firmó el contrato fue engañado con cláusulas oscuras o abusivas”, afirma al juez Santiago Vidal. En cambio, una vez se ha ejecutado la hipoteca y el deudor ha sido desahuciado, entonces sí puede acudir a un pleito ordinario para defenderse. Cuando ya lo ha perdido todo, claro.

Raquel Astruy: "No tiene sentido seguir manteniendo una legislación que no protege a las personas"

Asimismo, la actual legislación hipotecaria no contempla la dación en pago como medida que deban negociar siempre los bancos. Es decir, no están obligados a aceptar que la entrega de la vivienda liquide la deuda del hipotecado. Lo cual hace que la mayoría de desahucios impliquen, además de la pérdida de la casa, un endeudamiento de por vida. “El problema no es que uno se quede sin la casa, sino que encima tenga que seguir pagando la deuda aún sin tener ningún recurso, ese es el gran drama”, advierte Raquel Astruy. “Es una cadena perpetua de tipo civil para una persona que nunca podrá tener ni un sueldo ni una pensión ni un bien a su nombre porque automáticamente se la embargarán”, añade Santiago Vidal. Por tanto, el diagnóstico no presenta signos favorables. Según el juez catalán “tenemos una Ley hipotecaria desfasada que protege excesivamente a las entidades financieras y que debería reformarse urgentemente”. “Consideramos injusto que los deudores no se puedan defender, va en contra del derecho a la tutela judicial efectiva y de la directiva europea de protección a los consumidores”, explica Joaquím Bosch, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, de la que también forman parte Raquel Astruy y Santiago Vidal.

El primer paso de un desahucio por hipoteca siempre es la ejecución hipotecaria del banco, tras el impago. Y el proceso de esta demanda judicial de la entidad financiera está regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000. “A la tercera cuota impagada el banco presenta una demanda ejecutiva con la que se reclama el pago al deudor. Si este no paga ni comparece, se saca a subasta la vivienda. Normalmente se la adjudica el banco por un 60% del valor de tasación del piso. Entonces se produce el desahucio, también conocido como desalojo o lanzamiento”, aclara Joaquím Bosch.

casa expropiada, deuda saldada

Hasta julio de 2012, en las subastas, las propiedades ejecutadas podían adquirirse por un 50% de su valor. Es decir, pagando la mitad de lo que vale el piso, el banco podía quedarse con él. Una reforma del Gobierno subió este porcentaje al 60%. No obstante, la mayoría de jueces lo siguen viendo injusto y manifiestan que debería ser del 80% porque quién debe pagar lo que queda de deuda es la familia desahuciada. Con la vigente ley, si un banco no acepta la dación en pago, este puede adquirir la propiedad por el 60% y reclamar el 40% restante más los intereses generados y las costas judiciales a los deudores.

Santiago Vidal cree que los jueces deberían haber reaccionado antes

Los jueces presionan al poder político para que cambie la ley, porque al fin y al cabo, los magistrados solo pueden aplicarla. Pero esta oposición es reciente, no empezó con el estallido de la crisis en 2008. Por ello, el juez Santiago Vidal hace autocrítica: “Hemos de reconocer que, hasta hace muy pocos meses, hemos tolerado esa situación. Deberíamos haber impugnado antes esta legislación”. La gravedad de la crisis y su afectación sobre las clases más desvalidas de la sociedad les hizo tomar conciencia hace más o menos un año, tal y como cuenta Vidal. Esa toma de conciencia vino en forma de propuestas: “Planteamos básicamente dos cosas: (1) paralizar los procedimientos hipotecarios hasta que haya sentencia del Tribunal Internacional de Justicia sobre la derogación de la actual Ley Hipotecaria y (2) exigir al Gobierno que adopte medidas hasta que no se reforme esta ley y la de Enjuiciamiento Civil, para mitigar la grave situación que supone para cualquier familia ser expulsada de su casa”, explica Santiago Vidal.

El Gobierno pone “simples parches” y no soluciona el problema de raíz

Mientras tanto, durante este 2012, el Gobierno ha pretendido frenar la hemorragia de desalojos  “mediante simples parches”, como asegura Joaquím Bosch, que complementan la Ley Hipotecaria. En opinión de algunos jueces, medidas poco significativas. “Ha acordado única y exclusivamente dos cosas” – manifiesta Santiago Vidal: “(1) un Código de Buenas Prácticas que es un fracaso porque no conlleva buenos resultados, y (2) una moratoria para evitar el desahucio de las familias que estén en una situación especial de precariedad”. En marzo, el Gobierno aprobó un Código de Buenas de Prácticas basado en la buena voluntad de los bancos. Con este real decreto-ley, perseguía que los bancos cedieran a reestructurar la deuda de algunas ejecuciones hipotecarias y que, incluso, aceptaran la dación en pago como “medio liberatorio definitivo de la deuda” una vez adheridas al mismo. Un mes después, 88 entidades financieras dieron el sí quiero a esta medida, la cual exige un umbral de circunstancias que deja al margen a la mayoría de los casos. A pesar de todo, Vidal insiste en que “las entidades deberían aceptar la dación en pago, con la obligación de que la vivienda pase a integrar luego patrimonio municipal para ese régimen de alquiler social” porque “lo que no podemos permitir es que los bancos recuperen la propiedad a un precio más bajo y que más tarde vuelvan a venderla, entrando así de nuevo en el circuito especulativo”.

En noviembre, el Gobierno también dio a luz a otro real decreto-ley para proteger a los deudores hipotecarios y promover un fondo social de viviendas. Esta medida establece una moratoria que paraliza dos años los desahucios de los colectivos más vulnerables. El problema, de nuevo, es que “los requisitos que se estipulan son tan difíciles de cumplir que la medida sólo afectará entre un 10 y un 15% de los procedimientos hipotecarios”, según Vidal. “A esas familias sí que les sirve el decreto, pero al 85% restante no. Con lo cual, debemos seguir luchando para que los grupos parlamentarios, en especial el Partido Popular (PP) que tiene mayoría, tomen un posicionamiento más comprometido y eficaz”. El ministro de Economía, Luis De Guindos, afirmó que beneficiaria a unas 600.000 personas, pero el mismo mes rebajó la cifra a 120.000.  Asimismo, con esta moratoria, si no se produce un cambio en la Ley Hipotecaria, transcurridos los dos años la familia debe ser desalojada igualmente y seguirá teniendo que pagar aún más debido a los intereses. “Todo el procedimiento se tramita, se llega hasta el final, y lo único que se paraliza es el señalamiento de desahucio que hará la comisión judicial”, admite el juez de la Audiencia de Barcelona. Para el abogado Óscar Vaello, estos “parches pueden salvar la situación temporal ante una emergencia mediática, pero no sirven para nada hasta que no se cambie la ley”.

Algunas sentencias de estos jueces que se salen de la norma plantean preguntas que casi podrían ser retóricas: tras ejecutar una hipoteca y adjudicársela por el 50% del valor de tasación, ¿puede un banco seguir reclamando la deuda a los afectados? ¿Es el sistema de desahucios respetuoso con los consumidores? ¿Se pueden promover reformas basadas en la buena voluntad de los bancos? ¿Te hubiera dado el banco el dinero que te dio si no valía lo que decía que valía? La respuesta suele ser siempre no

Además de las propuestas, los jueces también intentan buscar algunos resquicios legales para aplicar la ley pese a que les sea a veces muy complicado. José María Fernández Seijo, titular del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, se mostraba así de claro en una entrevista concedida a El País: “El Artículo 9 de la Constitución consagra al juez como el garante de que la ciudadanía pueda ejercer de manera efectiva sus derechos, pero tenemos una Ley de Enjuiciamiento Civil del siglo XIX que en estos procesos concede al juez una intervención residual, de manera que quienes hemos querido ejercer esa función de garantes hemos tenido que hacerlo de forma forzada, buscando los poros del sistema”. “Yo también soy persona. Hay que resolver conforme a justicia, con equidad y coherencia. No puedo saltarme la ley, pero tengo que matizarla”, decía la juez de Barcelona Gemma Vives, en noviembre en el mismo periódico. Y es que nadan a contra corriente, con el riesgo de acabar penalizados o inhabilitados por querer “salvar” del abismo a las familias afectadas.

Mientras se mantiene esta ley, los jueces han de buscar salidas, medidas cautelares, refinanciaciones, quitas de la deuda o daciones en pago. Algunas sentencias de estos jueces que se salen de la norma plantean preguntas que casi podrían ser retóricas: tras ejecutar una hipoteca y adjudicársela por el 50% del valor de tasación, ¿puede un banco seguir reclamando la deuda a los afectados? ¿Es el sistema de desahucios respetuoso con los consumidores? ¿Se pueden promover reformas basadas en la buena voluntad de los bancos? ¿Te hubiera dado el banco el dinero que te dio si no valía lo que decía que valía? La respuesta suele ser siempre no. Los jueces hablan de “los bancos como responsables de la crisis” (José Francisco Cobo, Navarra), de que “su actuación incurre en abuso de derecho” (Jaume Masferré Coll, Girona), de “enriquecimiento injusto y ejercicio abusivo y antisocial” (Carmelo Jiménez, Madrid) y hablan a menudo desde el sentido común, pues son personas, como todos nosotros: “La crisis no tiene que perjudicar solo al deudor” (Gemma Vives, Barcelona).

Jueces contra desahucios. Ilustración de Rubén M.Y (http://www.rubenmyblog.blogspot.com)

Jueces contra desahucios. Ilustración de Rubén M.Y (http://www.rubenmyblog.blogspot.com)

“Los jueces debemos cuestionar la legislación ante las autoridades españolas”, advierte Santiago Vidal, “y eso es lo que hicimos con el informe presentado en noviembre por 6 magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”. En este documento de siete páginas -elaborado por más de 100 jueces españoles- planteaban una revisión procesal y legal de los procedimientos hipotecarios, para frenar los desahucios, regulando el sobreendeudamiento y promoviendo medidas básicas como la dación en pago. Sin embargo, el CGPJ hizo oídos sordos ante las propuestas. “Fue algo decepcionante que no tuviera en cuenta el informe. Pero es importante la opinión pública generada y la muestra que desde el ámbito judicial se proponen soluciones”, valora el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquím Bosch. En efecto, quizás fracasó porque la intención del documento era más arrancar un debate que no motivar reformas legales. Eso es lo que se desprende de su último párrafo:

En fin, podrán compartirse o no las medidas propuestas. A buen seguro se considerarán muchas de ellas improcedentes, inviables o incluso descabelladas. Pero lo que no puede negarse es que es preciso que se inicie un debate jurídico serio (el debate social ya existe) y se plantee una revisión del régimen legal y procesal de ejecución de los préstamos hipotecarios, ya que el número de lanzamientos o desahucios derivados de la ejecución de hipotecas puede considerarse como un auténtico drama social

Desde Jueces para la Democracia proponen tres medidas claras que comparten la mayoría de jueces que están a favor de solucionar el problema: “(1) A corto plazo, debería aprobarse una moratoria con la que se suspendiera la obligación de pago de las personas sin recursos (esto es solo el 3% de los hipotecados), (2) a medio plazo, se tendría que reformar la ley para que los ciudadanos se pudieran defender, y (3) promover una legislación que regule el sobrendeudamiento familiar. No nos parece adecuado que cualquier bache pueda llevar a la ruina”, explica Bosch.

Joaquím Bosch resume las medidas necesarias para frenar los desahucios

Unas propuestas que coinciden con algunas de las intenciones de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) puesta en marcha con el objetivo de modificar la Ley Hipotecaria y que está a punto de ser presentada en el Congreso de los Diputados (el 25 de enero de 2013). Esta ILP persigue:

  • Que exista una dación en pago con efecto retroactivo,
  • Que se paralicen los desahucios, siempre que se trate de la vivienda habitual y el motivo de impago sea debido a motivos ajenos a la propia voluntad;
  • Que en este proceso se extingan los intereses y las costas judiciales;
  • Y que exista un alquiler social, es decir, que el ejecutado tenga derecho a residir en la vivienda pagando un alquiler no superior al 30% de sus ingresos mensuales por un período de 5 años.

Esta iniciativa ya cuenta con más de 614.246 firmas, según la Oficina del Censo Electoral, y 759.710 tal y como se recoge en el portal Mi Firma. Solo 9 ILP han sido tramitadas y 1 ha sido aprobada en democracia (una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal en 1998). Aunque la mayoría “han sido desoídas, y deberían reflexionar los diputados, como afecta a un bien básico esencial como la vivienda, espero que provoque un cambio de percepción”, indica Santiago Vidal. “Si no hacen caso a una ILP con tanta envergadura, peso y apoyo social (además del millón de firmas, si hiciéramos un sondeo de opinión, el 90% de los españoles estaría a favor da cambiar la ley), probablemente lo pagaran en las próximas elecciones, y eso es lo que más les preocupa a los diputados”.

Santiago Vidal: “Antes de 2014 tendremos una reforma de la Ley Hipotecaria. Los diputados no pueden hacer oídos sordos a un clamor social como el que encabeza la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, si no quieren perder las próximas elecciones”

Vienen por delante dos años clave. Los expertos consideran que, desde hoy hasta 2014, hay tiempo suficiente para cambiar la legislación, pero debe haber voluntad política. Algunos, como Santiago Vidal, están convencidos: “Antes de 2014 tendremos una reforma de la Ley Hipotecaria. Los diputados no pueden hacer oídos sordos a un clamor social como el que encabeza la Plataforma de Afectados por la Hipoteca”. Otros, como Joaquím Bosch, prefieren sentir los pies en el suelo: “Es complicado que se cambie la ley porque hay muchos intereses en juego, hay organismos europeos que apoyan los intereses de las entidades financieras. Sin embargo, que el Gobierno apruebe medidas, ya es un paso importante. Vale la pena seguir luchando”. En todo caso, “el problema va a mantenerse o va a crecer hasta que el Gobierno proponga reformas eficaces y no simples parches”, advierte el abogado Óscar Vaello. Los jueces van a seguir oponiéndose hasta que así sea.

 

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