Año 2005. En pleno boom inmobiliario español, Manolo y su mujer compran un piso en régimen de hipoteca por valor de 240.000 euros que pagaran en cuotas de 900 euros mensuales. Se lo pueden permitir puesto que los dos tienen un buen sueldo: él trabaja en la construcción; ella como administrativa en una oficina. En enero de 2009 las cosas cambian. Ha estallado la crisis y ambos se han quedado sin trabajo. Ya no pueden pagar la hipoteca, que ahora asciende a 1.200€ mensuales, ni hacerse cargo de sus dos hijos con el paro que reciben.

Por Janira Gómez y David Muñoz

Manolo llega a casa después de hacer la compra, abre el buzón y se encuentra una carta del banco que le advierte de impago. Si sigue sin pagar en los próximos meses las cuotas acumuladas, el mismo banco pondrá en marcha un proceso judicial de ejecución hipotecaria para romper el contrato de préstamo otorgado. Manolo plantea una reestructuración de la hipoteca a la entidad bancaria pero ésta no cede. La vivienda sale a subasta pública por un valor inferior al inicial pero nadie quiere comprarla. Es el banco quién se la adjudica por el 50% del precio de salida. Manolo y su mujer desconocían, hasta el momento, que después de perder su hogar debían asumir el resto de la deuda y las costas judiciales porque no hay una dación en pago (que la entrega de la casa salde la deuda) obligatoria en España. Están en un callejón sin salida. El próximo paso será el desahucio para una familia hipotecada de por vida pero sin vivienda.

Lo que se ha explicado en estas líneas no es un caso real pero podría serlo. Esta situación parecida la han vivido ya cerca de 160.000 familias desde 2007, cuando estalló la burbuja inmobiliaria y la crisis. Esta severa realidad tiene su origen en los “felices años 2000″, concretamente entre 2002 y 2007. Por aquél entonces la especulación entorno a la vivienda estaba en el orden del día y la construcción en auge. Las entidades financieras, respaldadas por un discurso pro-hipotecario del Gobierno de Aznar, daban créditos cual vendedor que reparte folletos de publicidad. “Quién no dispone de piso propio no es nadie”, se decía. Muchos ciudadanos no lo dudaron dos veces, sin pensar que años más tarde tendrían que enfrentarse cara a cara con un serio y gran endeudamiento.

Las cifras actuales, tan frías como crueles, reflejan las consecuencias de la especulación inmobiliaria. A lo largo de 2011 se produjo el récord de desahucios, 58.241 en todo el estado, aunque las ejecuciones hipotecarias descendieron. ¿Es una buena señal? Más bien no, puesto que los actuales desahucios son el resultado de ejecuciones pasadas (procedimientos iniciados en 2009 y 2010), pero aporta una cierta esperanza frente a los desahucios.

Una lucha constante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Para luchar contra esta situación habitual, desde 2009 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que une y asesora a personas afectadas, mantiene una presión constante hacia la Administración y las entidades financieras. Su objetivo es cambiar una actual ley hipotecaria y una políticas de vivienda que, desde su punto de vista, “tratan la vivienda como mercadería y no como un bien de primera necesidad”, asegura Ada Colau, portavoz de la PAH en Barcelona. Con la campaña StopDesahucios han conseguido parar más de 225 desahucios en toda España desde su fundación. No es una cifra excepcional si se compara con los miles de lanzamientos que se llevan a cabo pero tiene sentido: “Ver cómo las personas derrumbadas, a punto del suicidio, a través de la Plataforma pueden salir adelante justifica nuestra causa y nos empuja a no abandonar”, añade Colau.

Matías fue de los primeros en acudir a la Plataforma. Es un afectado por este “virus”, un preso del banco, en este caso En la presentación de la ILP asistieron representantes de cada organización impulsora. Entre ellos Ada Colau y Matías (derecha)de Bankia CajaMadrid. En 2009, al quedarse en el paro, empezó su calvario. Ahora el banco se ha quedado con su piso y le pide que pague el 50% de la deuda que falta. No puede: tiene un hijo que mantener, no dispone de trabajo y solo ingresa 526 euros al mes, gracias al paro. “Todos los políticos que tenemos detrás tienen pagas vitalicias. ¿Dónde está la crisis? “Todo el peso de la crisis lo llevamos nosotros, los parados, sin ser los verdaderos culpables”, se queja Matías. El 18 de abril asistió en Barcelona a la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular para la dación en pago impulsada por la PAH con la ayuda de los sindicatos UGT y CC.OO, la Mesa de Entidades del Tercer Sector, el Observatori DESC y la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña. Con esta ILP, que se inició hace más de un año pero que se ha paralizado hasta ahora por los obstáculos burocráticos, pretenden (1) frenar los desahucios, (2) establecer la dación en pago retroactiva como medida obligatoria y (3) promover el alquiler social de la vivienda. 500.000 firmas deberán recogerse para que la propuesta pueda entregarse en el Congreso de los Diputados. Los organizadores tienen claro que podrán conseguirlo porque “se trata de una demanda generalizada”.

Presentación de la ILP en audio

Como Matías, Pablo José Navarro también presenció con ilusión el acto de presentación de la ILP. Él es de Perú -aunque tiene la nacionalidad española- y arrastra un problema, ya compartido por muchos ciudadanos, desde 2007. Su banco, CatalunyaCaixa, no le da alternativas más allá de dejar el piso y pagar la deuda. Es uno de los centenares de inmigrantes que accedieron a hipotecarse en los años del boom con la total confianza de que podrían pagar. Hoy vive en un callejón sin salida, con hijas, sin trabajo y sin poder volver a su país. A mediados de 2011 descubrió la PAH, dice que es la salvación para salir del problema. “El problema no es únicamente el desahucio, sinó cómo se ven afectados todos los ámbitos de tu vida”, añade Pablo José Navarro. “Es algo traumático para una persona”.

Y es que la perdida de la vivienda es un riesgo de exclusión social evidente. “No tener casa o tenerla bajo unas condiciones muy precarias es uno de los principales motivos de este rechazo social”, asegura el politólogo Joan Subirats, quien valora que las circunstancias actuales son remediables puesto que en el pasado se pudieron resolver.

¿Será eficaz el Código de Buenas Prácticas?

Al margen de este rayo de luz esperanzador, el Gobierno español ha propuesto durante los últimos meses por Real Decreto Ley un “Código de Buenas Prácticas” bancarias como medicina contra el desbordamiento del número de desahucios, contra el fatídico sentimiento de numerosas familias que deben despedirse de sus hogares por impago de su hipoteca.

Este Código, dirigido, según la Administración, a aquellas personas que estén “dentro de un umbral de exclusión”, favorece mecanismos como la reestructuración de la deuda, quita de parte de la deuda y la dación en pago, es decir, la entrega de la casa para dejar zanjada la deuda con el banco. Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, comunicaba semanas atrás que se trata de una medida de “voluntaria suscripción para las entidades financieras” y que será de “obligado cumplimiento” si éstas lo aceptan según el procedimiento. El Código de Buenas Prácticas se basa en la buena fe de los bancos con sus clientes. Sin embargo, ¿resulta efectivo para paliar los desahucios y la situación de miles de familias?

La teoría parece interesante, pero el problema es que se trata de algo demasiado restringido, con condiciones muy concretas y cerradas como para que la mayoría pueda acogerse a la medida. Además ocurre que no es democrático puesto que dos personas con un caso exactamente igual puede que no tengan la misma suerte por el hecho de estar hipotecados en distinto banco. Aunque las entidades financieras se adhieran al nuevo código, muchas familias quedarían fuera por incumplir los requisitos.

Algunas de las cláusulas para que se produzca la dación en pago son: que todos los miembros de la unidad familiar estén en paro y sin ningún tipo de ingreso; que la deuda por impago se encuentre entre 120.000 y 200.000 euros en función del número de habitantes por población; que la cuota hipotecaria sea superior al 60% de los ingresos netos del conjunto familiar y que, en caso de contar con avalistas, éstos no podrán tener ninguna propiedad y deberán estar en el paro sin recibir ninguna renta. De cumplir estos pasos, la entidad debe hacer una propuesta de refinanciación de la deuda. Si la cuota mensual que queda es inferior al 60%  de los ingresos que se perciben, el hipotecado no se podrá negar a la refinanciación, lo cual supone un incremento de la deuda y del tiempo de pago.  En el caso de que sea superior al porcentaje marcado, se puede solicitar al banco una quita de parte de la deuda que el banco podrá aceptar o no. Agotadas estas vías, el afectado podrá acogerse a la dación en pago.

Por estas razones, organizaciones de presión como la PAH reclaman y defienden a través de la ILP comentada que “son un insulto a las millones de personas afectadas por la estafa hipotecaria” porque “medidas como la dación en pago de carácter voluntario ya están contempladas en el ordenamiento jurídico actual con resultado ya conocido”. Según datos obtenidos por una encuesta de la Plataforma a más de 7.000 familias, “la mayoría de las ejecuciones hipotecarias se inician por deudas superiores a 200.000 euros”, este dato muestra que muchos se quedan fuera de la horquilla establecida en uno de los requisitos del Gobierno.

Escucha la crítica de Ada Colau al Código de Buenas Prácticas

Las salidas de este callejón

¿Quién tiene la culpa de todo este conflicto entre sociedad, entidades financieras y Administración? “Todos tienen algo de culpa [unos por haberse endeudado con exceso, otros por no cerrar el grifo a tiempo y otros por no poner remedio] pero está claro que el Estado y el Gobierno son los que han de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad y han de corregir situaciones de vulneraciones de derechos básicos, como el de acceso a una vivienda digna”, asegura Dani Vilaró, portavoz de Amnistía Internacional de Catalunya. Parece que esa función no se está llevando a cabo cómo debería aún habiendo impulsado el Código de Buenas Prácticas, puesto que desde el Ejecutivo no se proponenen soluciones claras y efectivas. ¿Qué significaría que los dos millones de pisos vacíos que hay en España propiedad de los bancos fueran puestos en alquiler social? ¿Por qué no existen aquí leyes como la Neiertz en Francia, de mediación y negociación? ¿Por qué no es obligatoria la dación en pago? ¿Por qué el Estado ha invertido en el rescate de los bancos pero ahora no hace nada para que estos sean más flexibles con los que no pueden pagar?

De momento, una solución al problema pasa por la aceptación de las medidas que reclama la ILP y por “reconsiderar el sistema de vivienda pública con mecanismos de cooperativa”, afirma el politólogo Joan Subirats. En muchos países del centro de Europa las cooperativas de vivienda tienen una gran importancia, cuando aquí se adopten este tipo de sistemas, puede que el problema deje de serlo”, sentencia Subirats.

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Sobre El Ideario Reportajes

El Ideario Reportajes Bajo la firma de El Ideario Reportajes hay Janira Gómez y David Muñoz, dos periodistas a falta de título inquietos, emprendedores y complementarios. Son los fundadores de elideario.com. Preparan los reportajes propios, las reflexiones y procuran (a veces sin éxito) que la web funcione. Su lema: en busca de la esencia periodística. Su filosofía: sembrar para recoger. En beta constante. Twitter