Santiago VidalSantiago Vidal es un juez que se sale de la norma. Quizás por eso es tan mediático. El magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de Jueces por la Democracia destaca por ser progresista y ejercer su profesión desde el sentido común, aplicando la ley sin necesidad de alejarse de las personas. Su opinión no es para nada convencional, de ahí que su voz deba escucharse. En esta ocasión Vidal acepta amablemente que le entrevistemos, aunque sea por teléfono, sobre un tema que le preocupa: los desahucios. Hablamos de los aspectos legales que rodean el drama de los desalojos por impago de hipotecas, que vive cada día en sus propias carnes desde la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona. Vidal no puede ser más claro y directo: “Tenemos una ley hipotecaria desfasada que protege excesivamente a las entidades financieras y que debería reformarse urgentemente”.

 

Por David Muñoz

Usted es un juez manifiestamente progresista, claro y crítico con el Gobierno y con el poder judicial. ¿Le presionan por ello?

La verdad es que no. Los jueces tenemos un nivel de independencia muy elevado. Una de las pocas virtudes de la que si podemos gozar. Nunca nadie del ámbito político, ni del Consejo General del Poder Judicial me han cuestionado nado. Otra cosa es que mi opinión y la de los compañeros no sea mayoritaria dentro de la adjudicatura. Pero en el tema concreto de los los desahucios hay una concienciación muy amplia que compartimos cada vez más jueces.

 

¿Qué sentido tiene el derecho a una vivienda digna recogido por la Constitución si cada día hay alrededor de 500 desahucios en España?

Ninguno. La ley hipotecaria actual y la de arrendamientos urbanos permite que se vulnere de forma flagrante ese derecho constitucional a la vivienda digna. Es mas, la propia constitución recoge que la vivienda ha de tener una función social. Debería ser completamente ilegal que existieran viviendas vacías sin ningún uso social. No de forma temporal sino permanente.

La ley hipotecaria de 1909 es un ejemplo y de los más flagrantes de legislación obsoleta. Debería reformarse urgentemente porque protege en exceso a las entidades financieras y desprotege a los ciudadanos

 

¿Como se explica que se siga manteniendo una ley hipotecaria basada en una norma de 1909, con el contexto social y económico actual?

Es un ejemplo y de los más flagrantes de legislación obsoleta. La ley de 1909 no se ajusta a la realidad social actual. Además, era una ley pensada muy claramente para favorecer los intereses de la propiedad individual. Hoy en día, lo importante son las personas y no las propiedades. Es una ley completamente desfasada que debe ser reformada de manera íntegra. No solo mediante pequeños parches como la moratoria de dos años aprobada recientemente por el el Gobierno.

 

¿Hasta que punto están protegidas las entidades financieras?

La legislación otorga dos ventajas importantes a las partes ejecutantes de un crédito hipotecario que ha entrado en morosidad, que son inasumibles en un estado de derecho. La primera, que el ejecutado o deudor no tiene derecho a cuestionar la cantidad que debe a la entidad bancaria. El banco dice lo que el cliente debe y este no puede oponerse de ninguna forma. Y en segundo lugar, tampoco puede el deudor cuestionar que cuando firmó el contrato (sea de financiación, de crédito o hipotecario) fue engañado, es decir que había cláusulas oscuras, abusivas… Por lo tanto, la legislación protege a las entidades financieras y no a los ciudadanos. Lo más triste es que el ejecutado sí puede reclamar una vez lo han echado de su casa. Entonces ha de ir a un pleito ordinario civil y ahí puede reclamar. Esto es una barbaridad, porque significa que el daño ya está hecho y no se puede acudir a la tutela judicial de los tribunales. Y además significa darle un cheque en blanco al acreedor para que fije el importe del capital no amortizado y establezca los intereses. Intereses que es bueno recordar que desde el momento en que se incumple la primera cuota, pasan a ser usurarios: de 4-5% a 18-21%.

Los jueces deberíamos haber impugnado antes esta legislación desfasada e injusta para los ciudadanos, debemos hacer autocrítica

 

¿Qué puede o debe hacer el poder judicial para intentar solventar esta injusticia?

Ante estos casos, los jueces debemos cuestionar la legislación ante las autoridades españolas porque no podemos cambiarla directamente, sólo aplicarla. Y si no nos hacen caso deberíamos acudir a la jurisprudencia y al Tribunal Europeo. Hace muy poco, la comisaria general del Tribunal de Justicia de Europa ya hizo un dictamen en el que recomendaba que se modificara la legislación hipotecaria española por ser contraria a la normativa europea. Espero que se avance ese sentido.

Santiago Vidal. Imagen de elsingulardigital.cat

Santiago Vidal. Imagen de elsingulardigital.cat

¿En qué momento dicen basta?

Los jueces hemos de reconocer que hasta hace muy pocos meses, hemos tolerado esa situación. Debemos hacer autocrítica ya que deberíamos haberla impugnado antes. Desde hace un año hemos tomado conciencia, sobre todo debido a la grave crisis que está afectando a las clases mas desvalidas de la sociedad. Planteamos básicamente dos cosas: paralizar los procedimientos hipotecarios hasta que haya sentencia del tribunal internacional de justicia sobre la derogación de la actual ley hipotecaria y exigir al gobierno, mediante un informe elaborado por unos cuantos jueces, que adopte medidas hasta que no se reforme la ley hipotecaria y de enjuiciamiento civil, para mitigar la grave situación que supone para cualquier familia ser expulsada de su casa.

La inmensa mayoría de los jueces españoles, por eso firmamos en noviembre el informe, estaríamos a favor de no acudir a la fuerza pública para ejecutar esas órdenes de desalojo. Nosotros pondríamos la resolución que la ley ordena, pero no la ejecutaríamos

 

¿El informe es la opinión de los seis magistrados que lo firmaron o de muchos más?

En efecto, este informe lo firmaron seis compañeros nuestros, que habían sido designados por el propio CGPJ. Pero lo elaboramos entre más de un centenar de jueces de toda España. Por lo tanto no es únicamente una opinión suya sino de un sector muy amplio de la adjudicatura, incluso de los más conservadores. Lo cual demuestra que la concienciación dentro del poder judicial es importante, aunque después se descarten las propuestas.

 

Y el Gobierno, a la suya.

De momento muy poco ha hecho. Ha acordado única y exclusivamente dos cosas: un código de buenas prácticas que es un fracaso porque no conlleva buenos resultados y  una moratoria para evitar el desahucio de las familias que estén en una situación de especial precariedad. Lo cierto es que servirá de poco. Los requisitos que se estipulan  [familias que no ingresen más de 19.000€ al año ni tengan hijos de más de tres años] son tan difíciles de cumplir que la medida prácticamente solo afectará entre un 10 y un 15% de los procedimientos hipotecarios. A esas familias si que les sirve el decreto, pero al 85% restante no. Con lo cual, debemos seguir luchando para que los grupos parlamentarios, en especial el PP, que es quien tiene mayoría, tomen un posicionamiento mucho más comprometido y eficaz.

 

La moratoria solo aplaza el desahucio pero no paraliza todo el proceso.

Eso es. Durante dos años la entidad bancaria no podrá solicitar al juez el lanzamiento del piso. Todo el procedimiento se tramita, se llega hasta el final, y lo que único que se paraliza es el señalamiento de desahucio que hará la comisión judicial. Por lo tanto es una solución solo temporal.

 

Por tanto, en dos años se van a la calle igual.

Si en ese tiempo no ha habido esa reforma legal importante, evidentemente se producirá el desahucio porque la ejecución hipotecaria ya está hecha.

La moratoria solo paraliza el desahucio. Todo el proceso de ejecución hipotecaria se tramita como siempre. Con lo cual, es una medida temporal y implica que si en dos años la ley no ha cambiado, la familia será desahuciada

 

¿Después de la ejecución hipotecaria, hay posibilidad de parar el desahucio?

Gracias a las movilizaciones ciudadanas [de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca] sí. Legalmente es muy complicado parar un desahucio porque los jueces tenemos que cumplir la ley y la ley, como he dicho, está desfasada. Las únicas salidas con un cierto amparo legal pasan por obligar a las entidades a aceptar la dación en pago, a negociar una renovación del préstamo reduciendo las cuotas o que las administraciones públicas cedan viviendas en régimen de alquiler social. Estas son las tres salidas que tiene una persona mientras no se cambie la ley.

Stop Desahucios. Imagen de Daniel Torrejón (CC)

Stop Desahucios. Imagen de Daniel Torrejón (CC)

¿Qué efectos puede tener la desobediencia civil que lleva a cabo la PAH?

Toda desobediencia comporta un conflicto entre aquellos que debemos hacer cumplir la ley (los jueces), y los ciudadanos, obligados a cumplirla. La ley prevé soluciones: para eso están las fuerzas de seguridad del estado, para ordenar la ejecución forzosa de las órdenes de los jueces. Pero la inmensa mayoría de los jueces españoles, por eso firmamos en noviembre el informe, estaríamos a favor de no acudir a la fuerza pública para ejecutar esas órdenes de lanzamiento. Nosotros pondríamos la resolución que la ley ordena, pero no la ejecutaríamos.

 

¿Porqué en España la dación en pago no es medida obligatoria?

Principalmente porque a las entidades financieras y a los inversores del mercado inmobiliario no les interesaba tener un gran stock de viviendas sino obtener dinero. Con la situación actual esto está cambiando, si hay algo que sobra son viviendas. O bien construidas y vacías o bien a medio construir. Las entidades financieras deberían aceptar la dación en pago, eso si, con la obligación de que la vivienda pase a integrar luego patrimonio público municipal para ese régimen de alquiler social. Lo que no podemos permitir es que los bancos recuperen la propiedad a un precio más bajo y que más tarde vuelvan a venderla entrando así de nuevo en el circuito especulativo.

 

Hasta julio, los bancos podían adjudicarse las viviendas ejecutadas al 50% del valor de tasación. Un decreto del Gobierno subió este porcentaje al 60%. ¿Es suficiente?

No. Nosotros consideramos que debe subirse al 80%. Tal y como está ahora, el que pierde su vivienda ha de seguir pagando de por vida el 40% de la deuda. Esto es lo que hay que cambiar y lo que en otros países no ocurre. En otros países se cancela la deuda con la entrega de la vivienda, aquí solo se cancela una parte y el deudor, además de perder su piso, sigue teniendo que pagar ese dinero más los intereses que va generando. Es una cadena perpetua de tipo civil para una persona que nunca podrá tener ni un sueldo ni una pensión ni un bien a su nombre porque automáticamente se la embargarían.

Los diputados saben que no pueden hacer oídos sordos a un clamor ciudadano como el de la ILP. Por lo tanto, confío en que ese clamor ciudadano provocará que esos diputados, algunos no por convencimiento propio, sino obligados, modifiquen la ley. Si no lo hacen, lo pagaran en las próximas elecciones

 

¿Qué elementos de la ley deberían cambiarse?

Son bastantes porque hay que hacer una reforma en profundidad de la ley, pero en síntesis, estos tres: Uno, establecer un precio mínimo de adjudicación de las viviendas en las subastas judiciales en el 80% del valor de tasación. Esto impediría que las mafias de subasteros intervinieran en estos procesos y actuaran en perjuicio de deudores y acreedores. Dos, prohibir drásticamente los intereses moratorios. No tiene ningún sentido de la justicia ni de la ética que una entidad bancaria esté cobrando un 4% y a partir del vencimiento de la primera cuota impagada pase a cobrar un interés del 20%. Son intereses completamente usurarios: si al que no puede pagar un capital, le pones estos intereses, verdaderamente, haces imposible cualquier tipo de solución negociada. Y tres, introducir la obligatoriedad de esa dación en pago con la cláusula accesoria de que esas viviendas pasen a integrar patrimonio público en régimen de alquiler social para que todas aquellas familias que a pesar de las modificaciones legislativas, sigan sin poder mantener su vivienda, puedan acogerse a ese alquiler simbólico. Son tres reformas urgentes.

 

Y, lo más importante, ¿habrá cambio?

Confío que sí por dos razones. Uno, porque las movilizaciones sociales en esta materia están siendo muy fuertes y eficaces, hasta el punto que dentro de muy poco ingresará en el Congreso una iniciativa legislativa popular para modificar la ley. Y esa ILP tiene hoy casi un millón de firmas. Los diputados saben que no pueden hacer oídos sordos a un clamor ciudadano como ese. Por lo tanto, confío que ese clamor ciudadano provocará que esos diputados, algunos no por convencimiento propio, sino obligados, modifiquen la ley. Y un plazo de dos años es suficientemente amplio como para que eso pueda llevarse a cabo. Antes de 2014 tendremos una reforma importante, por lo menos confío en ello.

 

Históricamente las ILP’s no han llegado a buen puerto. ¿Porque esta sí?

Es así. Han sido desoídas. Y deberían reflexionar los diputados. Como afecta a un bien básico, esencial como la vivienda, espero que provoque un cambio de percepción. Si no hacen caso una ILP con tanta envergadura, peso y apoyo social (además del millón de firmas, si hiciéramos un sondeo de opinión, el 90% de los españoles estaría a favor da cambiar la ley) probablemente lo pagaran en las próximas elecciones, y eso es lo que más les preocupa a los diputados.

 

***Santiago Vidal concedió esta entrevista el jueves 13 de diciembre, un día después de la protesta (en forma de parón de una hora) de buena parte de los jueces españoles por las reformas del ministro de Justicia Ruiz Gallardón. Con lo cual, también le preguntamos por los motivos. Esta fue su respuesta:

Fue un paro de una hora y no una huelga. El matiz es importante. Se dijo que no estamos de acuerdo con las medidas del Ministerio de Justicia por tres motivos: Uno, por el endurecimiento del Codigo Penal. Lo de establecer una cadena perpetua, por mucho que le llamen prisión permanente revisable (si es permanente no puede ser revisable, es incompatible), es incorrecto. Estamos en desacuerdo puesto que la ley penal ya es suficientemente dura.

Dos, por las tasas judiciales elevadas. No se pueden establecer porque significaría el cerrar el acceso a la justicia a la parte de la sociedad con menos recursos. La clase media se vería lastrada. Y tres, por la poca promoción de la justicia de proximidad. La justicia española tiene un problema de lentitud muy relacionado con la estructura. Tenemos una estructura completamente anticuada. Se tiene que impulsar la justicia de proximidad con juzgados de distrito, municipales para que todos los asuntos que pueden resolverse en esos ámbitos no acaben acumulándose como un embudo en los tribunales de apelación o el supremo.

El ministro no quiere oír esas recomendaciones y nos consideramos ofendidos porque además ha dicho que al fin y al cabo lo que hicimos ayer fue una protesta por la eliminación de la paga de Navidad. A todos nos pica, pero estamos de acuerdo con esta medida puesto que la han aplicado a los demás funcionarios. Nos indigna profundamnete que a pesar de aceptar esa medida restrictiva en nuestros bolsillos, nos ofendan diciendo que ayer nos quejábamos por algo que no es verdad

 

Sobre David Muñoz

David Muñoz Menorquín. Periodista a falta de título. Cofundador de elideario.com, emprendedor, tecnoptimista y obsesionado con la productividad. Cuento historias aquí y en mi Blog desde 2010. Estos son mis intereses: #Apple #Periodismo #SocialMedia #Comunicacion #Twitter. Y éstos los sitios dónde me encontrarás: Twitter Facebook Google Plus LinkedIn