Cuando la línea entre el amor y el rencor es difusa y se echa a perder la energía del primer día en una relación sentimental, ésta ha perdido completamente su propósito. Si de las palabras y tangos correspondidos, se pasa a la desconfianza y la ambición, es mejor terminar con un adiós. Y eso es lo que pudo pensar la presidenta del Gobierno argentino, Cristina Fernández de Kirchner, del Partido Justicialista, cuando el pasado 16 de abril anunció que iba a expropiar y nacionalizar el 51% de las acciones de la filial YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) a la multinacional petrolera española Repsol, dirigida en la actualidad por Antonio Brufau. Como suele suceder, desde diciembre pasado (2011) Brufau había temido este acontecimiento y había intentado acceder para negociar con Kirchner pero sin éxito. La presidenta con su anuncio no solo estaba declarando una guerra diplomática por la energía petrolera, sino que estaba revelando al mundo entero el fin de un matrimonio de trece años entre Argentina (con YPF) y Repsol.

Por Janira Gómez y David Muñoz

¿Por qué?

Son varias las causas que han motivado la nacionalización de YPF. La presidenta Fernández de Kirchner argumentó dos motivos principales por los que se tomaba esa decisión: (1) por la poca inversión que había llevado a cabo Repsol en los últimos tiempos y el exceso de explotación de recursos; y (2) porque tras 17 años, en 2011 Argentina había necesitado de nuevo importar energía de fuera por valor de 7.000 millones de euros. El proyecto de ley, presentado por el Gobierno Kirchner el 16 de abril y aprobado en el Congreso el 3 de mayo, pretendía dar un giro de tuerca a este hecho y que la República Argentina alcanzara la Soberanía Hidrocarburífera perdida desde que se privatizó YPF en 1999, cuando Repsol compró la compañía por 13.000 millones de dólares. De esta forma, con el autoabastecimiento, se podría reducir el déficit energético argentino que en 2011 ascendió a 2.200 millones de euros.

El texto del proyecto de ley decía así:

Declárese de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte, y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos, y el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas provincias y regiones.

A los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF SA, sus controlantes o controladas.

Detrás de los motivos oficiales, hay otras causas tanto o más importantes. El descubrimiento, en la región de Vaca Muerta (frontera entre Chile y Argentina), de una de las mayores reservas de petróleo del mundo por Repsol en noviembre de 2011, es un claro ejemplo. La reserva tiene una extensión de unos 30.000 km cuadrados, de los cuales YPF tiene participación en 12.000. Con una primera exploración de 428km se preveía una extracción de alrededor de 1.000 millones de barriles de petróleo, todo lo que YPF tenía de reservas en ese momento. Este importante descubrimiento situó a Argentina como tercer país con más recursos de hidrocarburos no convencionales. Por tanto, parece que Vaca Muerta también puede haber influido, y mucho, en la decisión de nacionalizar YPF.

Por otra parte, la situación económica y social actual de Argentina no es ni mucho menos buena. Quizás esto también ha influido. En una rueda de prensa posterior, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, decía que la expropiación se hacía para “ocultar la realidad de Argentina” y señalar responsables sin más.

¿Una decisión legal y legítima?

“La presidenta de Argentina ha realizado un acto ilegítimo e injustificable tras una campaña de acusaciones dirigida a derrumbar la acción de YPF y permitir una expropiación a precio de saldo”, declaraba Antonio Brufau tras conocer la noticia. Veamos si realmente se trata de una decisión legal y legítima.

En Argentina es vigente la Ley de Expropiaciones (Ley 21.499) desde 1977 (PDF). Esta norma dicta que “pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la “utilidad pública”, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”. Y, para ello, se han de cumplir tres criterios: que haya una causa o justificación: la utilidad pública, que el proceso se lleve a cabo mediante la aprobación de una norma con rango de ley después de abrir un expediente a la empresa y que haya una indemnización justa.

La Ley dice que “la utilidad pública comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea este de naturaleza material o espiritual”.  Lo que Kirchner ha declarado de utilidad pública es el 51% de las acciones que Repsol tenía sobre la filial con el fin de conseguir la soberanía hidrocarburífera. Por tanto, en este sentido no habría incumplimiento alguno. Pero la expropiación se ha llevado a cabo sin abrir un expediente claro a la empresa y casi sin previo aviso o alternativa, por lo que los defensores de Repsol afirman que ha sido una decisión ilegítima e inmoral. Y podría serlo, teniendo en cuenta que las formas no fueron quizás las más apropiadas. Pero hay opiniones contrarias. Para el reconocido economista Arcadi Oliveres, “hay veces que el espíritu, si es bueno, ha de ser más importante que la ley. Es verdad que puede haber defectos de forma pero en este caso el fondo es más importante”. ¿Por qué? “Por los daños ecológicos que ha hecho la petrolera española y por no haber pagado el precio que debía por el petrolio que extraía, además de comportarse de manera inmoral en América Latina”, sentencia Oliveres. Tras ser aprobada en el congreso Argentino el 3 de mayo, la Ley de Expropiación de YPF (Ley 21.499) se publicó en el BOA el 7 de mayo (PDF)

Y la última pieza necesaria para una correcta expropiación, la indemnización, es lo que aún no se ha concretado. Repsol reclama que el Gobierno de Argentina pague 10.500 millones de euros por la expropiación del 51% de sus acciones sobre YPF pero los gobernantes argentinos no piensan pagar ni mucho menos esa cifra. Axel Kicillof, el joven y radical viceministro de economía hizo cuentas el 16 de abril, el dia del anuncio, y argumentó que Argentina no debía pagar ni un euro a Repsol porque pagó 13.000 millones de dólares por hacerse con YPF en 1999 y a partir de un año más tarde tuvo dividendos (beneficios para los accionistas) de 15.000 millones. Una justificación que Brufau no acepta de ninguna manera porque con el descubrimiento de Vaca Muerta, YPF vale mucho más.

El Tribunal de Tasación argentino es el encargado de establecer una valoración de YPF y mientras tanto las dos partes implicadas han iniciado negociaciones para llegar a un acuerdo tras la demanda enviada por Repsol al Gobierno de Argentina. Si en seis meses (tal y como está establecido el Derecho Internacional en estos casos) no se llega a un acuerdo será el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) quién tome las riendas del asunto.

¿Por qué se expropian sólo las acciones de Repsol?

El grupo energético Repsol nace en 1987 gracias a la reordenación del sector petrolero español y el Instituto Nacional de Hidrocarburos con el objetivo de explorar, producir, transportar y refinar petróleo y gas. En el año 1997 se privatiza y en el 1999 adquiere el 97,81% de la empresa petrolera argentina YPF S. A. (la compañía más grande del país) por 13.000 millones de euros.  Por su parte, la empresa YPF  fue fundada en 1922 por el Estado de Argentina la cual le perteneció como empresa pública hasta 1992, momento en el que empieza a privatizarse y a unirse a Repsol. Es así como el matrimonio Repsol-YPF (Repsol-Argentina) empieza a consolidarse y a convertirse en una de las petroleras privadas más importantes del mundo. Las acciones de YPF estaban repartidas entre Repsol (57,43%), la  familia Eskenazi del Grupo argentino Petersen (25,46%) (la cual se une en 2007), y otros inversores (17,11%).  Lo que provoca el “mayor daño o golpe” para Repsol y España son justamente estas cifras.

Curiosamente, la nacionalización anunciada por la presidenta sólo afecta al 51% de la parte del accionariado de Repsol, es decir, Kirchner no expropia las acciones de los diferentes accionistas sino que se hace con YPF a partir de la propiedad de Repsol. Un hecho que a muchos puede sorprender debido a que la familia Kirchner apoyó la privatización de YPF durante el Gobierno de Carlos Saúl Menem.

A día de hoy, las acciones expropiadas a Repsol se repartirán entre el Estado (51%) y las provincias productoras (49%) que forman parte de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), las cuales recibirán los títulos según sus niveles de producción y de reservas de hidrocarburos. El nuevo gerente de YPF es Miguel Galluccio, un ejecutivo que trabajó en la petrolera argentina durante la década de los 90. Pero, ¿por qué el gobierno argentino no ha expropiado las acciones de los otros accionistas? Arcadi Oliveres afirma que podría tratarse simplemente de una cuestión de responsabilidad, ya que la empresa española era la que mayor poder tenía sobre YPF, y por el hecho de que Repsol durante la presidencia de Menem había comprado muy baratas las participaciones de YPF.

Sin embargo, resulta importante ver que entre 2008 y 2011 Repsol prestó créditos (1.600 millones) a la familia Eskenazi para que ésta financiara parte del porcentaje que cuenta sobre YPF. Quizás sea otro de los motivos de la decisión gubernamental de Argentina, puesto que los Eskenazi aún tienen que devolver ese dinero.

El error de asociar Repsol con España

El Gobierno español no tardó en salir a defender la empresa Repsol de la expropiación de YPF que había anunciado la presidenta de Kirchner. El ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmaba que se llevarían a cabo medidas claras y contundentes. “Es un gesto de hostilidad contra España y contra el Gobierno de España”, añadía Soria. Y José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, iba en la misma línea declarando que se trataba de una medida arbitraria y dañina que rompe la relación de amistad y cordialidad entre ambos países. Los medios recogían tales declaraciones y mandaban un mensaje un tanto equivocado a la opinión pública. ¿Por qué? Porque Repsol es una empresa privada con mayoría de accionistas extranjeros que aporta pocos beneficios para la sociedad española y para España en general.

El accionariado de Repsol está repartido de la siguiente manera: 9’49%, Pemex; 12’83, CaixaBank; 10’01%, Sacyr; 42’00%, Fondos de Inversión extranjeros; 9’90%, Fondos de Inversión españoles; i 10’80%, Inversores minoritarios españoles. Por tanto, un 51’49% del accionariado es extranjero. Primera muestra de la falta de españolidad de la empresa española.

Además, Repsol solo paga impuestos en España por el 25% de los beneficios obtenidos en todo el mundo (a un tipo impositivo efectivo del 26,8%), tal y como recoge el economista Alberto Garzón en su web. Y hablando de impuestos, es un petrolera criticada por evadirlos y por tener capital en paraísos fiscales como en las Islas Caimán o las Bermudas. De hecho, en su propia página web justifican esta presencia curiosamente.

En definitiva, es fuera de los límites españoles donde Repsol tiene puestos los intereses y los puntos de mira y, por tanto, ha sido una profunda equivocación por parte de los gobernantes españoles asociar a Repsol con España y tratar de entenderlo como una guerra entre dos países cuando es una batalla entre un gobierno y unos privados.

¿Quién saldrá más perjudicado?

“Argentina se beneficiará de la nacionalización porque YPF pasa a ser una empresa pública pero para España no supondrá ningún problema porque Repsol es un privado. Los que se verán afectados son los accionistas y trabajadores de Repsol, no los españoles”, asegura el economista Arcadi Oliveres. Pero, aún así, la polémica decisión puede considerarse contraproducente para la propia Argentina por varios motivos. Lógicamente, la confianza de los potenciales inversores habrá disminuido después de ver la forma con la que se ha nacionalizado YPF. Aunque no se trate de un conflicto entre España y Argentina (a pesar de lo que han dicho los dirigentes españoles), lo cierto es que las relaciones entre ambos países se verán afectadas. Y en este sentido Argentina tiene las de perder porque España es su primer inversor, su octavo suministrador y su sexto cliente.

Si a todo esto se le añade la disminución de recursos para explotar los yacimientos petrolíferos con la nacionalización de YPF (porque lógicamente una empresa pública tendrá más dificultades para gestionar lo que hasta ahora hacía Repsol, una de las compañías petroleras de referencia) parece que la decisión perjudica más a la propia Argentina. Ahora bien, el tiempo dirá si efectivamente es así o si dicha nacionalización ha solucionado los problemas por los que se había llevado a cabo.

Disputas por el petróleo

El 1 de mayo, el Gobierno boliviano promulgó un decreto para nacionalizar el paquete de acciones (99,4%) de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), filial de Red Eléctrica Española (REE) que opera en Bolivia desde 1997. Hechos que ocurrieron tan solo quince días después de la expropiación argentina, pero que no tuvieron tanta repercusión mediática aún siendo dos decisiones prácticamente iguales. ¿No interesa tanto la filial de Red Eléctrica Española como YPF?  ¿O es que aporta menos ingresos que YPF? En efecto, tal y como publicaba el diario ‘Ara’, la facturación de REE en Bolivia equivale al 1,5% de la cifra de negocios global del grupo en 2011 (24,5 millones de euros). En cambio, YPF  representa el 60% de la producción de Repsol con unos beneficios de explotación de 4.805 millones de euros al año. Con estas decisiones, resulta evidente que los países latinoamericanos están intentando recuperar el control y dirección de empresas estratégicas de sus economías, lo cual está repercutiendo internacionalmente y preocupando a muchos países que protegen sus intereses.

Desde siempre, el control de los recursos naturales ha creado disputas internacionales y ha generado guerras. Bien sabido es que el petróleo brinda muchos beneficios y ayuda al crecimiento económico de un país. Sin embargo, estas rivalidades políticas se han llevado más que nunca al terreno de la comunicación hasta el punto que la expropiación se ha visto como un ataque del pueblo argentino hacia España y a sus ciudadanos. Nada más lejos de la realidad. Ningún medio quiso comentar que la multinacional Repsol actúa agresivamente con el medioambiente ni que utiliza paraísos fiscales para evadir impuestos (dato justificado en su propia página web).

Repsol, movido por el rencor de la ruptura, ha amenazado con querellar a cualquier petrolera que pretenda asociarse y colaborar con YPF.  Además, ha suspendido el suministro de gas licuado al país argentino. Amenazas que han sido apoyadas en todo momento por el Gobierno español y la Unión Europea. De hecho, el comisario de comercio de la UE, Karel de Gucht, transmitiendo la preocupación europea por el proteccionismo latinoamericano, amenazó con represalias a Argentina por expropiar YPF. Desde entonces, se especula que el bloque europeo podría eliminar las ventajas arancelarias de los productores argentinos que exportan hacia la UE.  Mientras, Cristina Fernández de Kirchner, intenta prohibir la importación de jamón español a su país. Y así, un ataque tras otro, por una energía que cada vez es más cara, que cada vez está más destinada a morir y que cada vez más daña al medioambiente.

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Sobre El Ideario Reportajes

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